Confidencialidad absoluta · Atención inmediata · Defensa especializada
Asistimos a personas investigadas, acusadas o víctimas en procedimientos por delitos contra la libertad sexual tramitados en Murcia capital y el resto de la Región de Murcia, ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Provincial correspondientes.
La valoración de la prueba en este tipo de procedimientos suele ser especialmente compleja. Por ello, recibir asesoramiento jurídico desde el primer momento —antes de declarar o de tomar cualquier decisión relevante— resulta determinante para proteger tus derechos.
Si has sido denunciado por un delito de violencia de género, es vital actuar sin demora. Analizamos la denuncia, las pruebas y las declaraciones para construir tu defensa y acompañarte durante todo el proceso penal. También asesoramos y representamos a las víctimas, protegiendo sus derechos con discreción y rigor legal.
Nos encargamos de la defensa de individuos investigados o acusados de agresión sexual, abuso, violación y otros delitos contra la libertad sexual. También ofrecemos asesoría y representación a víctimas en todas las fases del procedimiento. Tratamos cada caso con máxima discreción, rigor legal y una estrategia basada en los hechos.
Si has recibido una citación, te has enterado de una denuncia o estás siendo investigado por un delito contra la libertad sexual en Murcia, podemos evaluar tu situación y explicarte las opciones legales que tienes.
El Código Penal define como agresión sexual cualquier acto que afecte a la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, el cual debe ser expresado libremente y de forma clara.
No es necesario que haya violencia o intimidación, aunque estas circunstancias pueden incrementar las penas.
En los casos agravados del artículo 180, las penas pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
El Código Penal establece una protección penal específica para los actos sexuales realizados con menores de 16 años.
La responsabilidad penal puede incrementarse según la vulnerabilidad de la víctima, la relación con el autor o los medios utilizados.
El artículo 183 bis prevé una excepción en ciertos casos de consentimiento libre cuando hay cercanía de edad y madurez entre las partes implicadas, salvo en los casos excluidos por la ley.
La pornografía infantil es un delito específico que incluye conductas como la utilización de menores, producción, distribución, difusión, adquisición o posesión de material pornográfico.
El Código Penal castiga a quien solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, dentro de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, cuando con ese comportamiento provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
El Código Penal contempla además reglas específicas para determinados ámbitos y cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.
Estos delitos protegen específicamente a los menores de edad y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección frente a determinadas conductas de contenido sexual.
Exhibicionismo (art. 185 CP) Quien ejecute o haga ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección puede ser castigado con prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses.
Difusión de material pornográfico (art. 186 CP) Quien venda, difunda o exhiba material pornográfico directamente entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección puede ser castigado con prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses.
Esta conducta no debe confundirse con los delitos relacionados con la pornografía infantil del artículo 189 CP, que presentan una regulación y unos marcos penales diferentes.
Desde el momento en que conozcas una denuncia, investigación o citación. Actuar con rapidez permite proteger tus derechos, analizar las pruebas y preparar la defensa antes de declarar. Si eres víctima o padre, madre o tutor en un caso de Abusos sexuales a menores, contar pronto con asesoramiento jurídico también te permitirá conocer tus derechos y saber cómo actuar.
Desde el momento en que tengas conocimiento de una denuncia, investigación o citación, es recomendable recibir asesoramiento jurídico antes de adoptar decisiones que puedan afectar al procedimiento.
La defensa debe partir del análisis completo de los hechos, de las declaraciones y de las pruebas existentes o que puedan obtenerse legítimamente.
Toda persona investigada o acusada tiene derecho a la presunción de inocencia y corresponde a la acusación aportar prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena. Si consideras que los hechos denunciados no ocurrieron, que sucedieron de una forma distinta o que determinadas afirmaciones son incorrectas, la defensa deberá analizar las pruebas existentes y valorar qué elementos pueden acreditar tu versión. La posible existencia de una denuncia falsa por delito sexual requiere un análisis jurídico independiente y no debe presumirse únicamente porque el procedimiento termine en absolución o archivo.
Porque estos procedimientos requieren experiencia penal, discreción y un análisis detallado de cada prueba. En Vázquez de Luca Abogados diseñamos una estrategia jurídica adaptada a las circunstancias reales del caso, tanto para la defensa de personas investigadas o acusadas como para la representación de víctimas.
Dependerá del delito investigado, de los hechos concretos y de las circunstancias concurrentes. El Código Penal establece marcos penales diferentes según la conducta realizada y factores como la existencia de acceso carnal, violencia o intimidación, anulación de la voluntad de la víctima, especial vulnerabilidad, actuación conjunta de varias personas u otras circunstancias agravantes. Por ello, para determinar la posible pena debe analizarse previamente qué tipo penal podría resultar aplicable al caso concreto.
Sí. La jurisprudencia admite que la declaración de la víctima pueda constituir prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, incluso cuando sea la principal o única prueba directa. Su valoración corresponde al tribunal y debe realizarse de forma racional y atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso. El Tribunal Supremo utiliza como parámetros de análisis, entre otros, la credibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva o verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Cuando el testimonio constituye la única prueba directa, se exige un análisis especialmente cuidadoso de su suficiencia.
Si has recibido una citación, has tenido conocimiento de una denuncia o estás siendo investigado por un delito contra la libertad sexual en Murcia, podemos estudiar tu situación y explicarte qué opciones existen desde el punto de vista jurídico.
Sí. Asistimos a clientes en Murcia capital y en el resto de municipios de la región, tramitando los procedimientos ante los juzgados de instrucción correspondientes y la Audiencia Provincial.
Entre otras garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico, tiene derecho a: la presunción de inocencia; conocer los hechos que se le atribuyen; contar con asistencia letrada; guardar silencio; no declarar contra sí misma; no confesarse culpable; proponer y utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa; y que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías legales. La forma de ejercer estos derechos dependerá de la fase procesal y de las circunstancias concretas del procedimiento.
La reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022 unificó los anteriores delitos de abuso y agresión sexual dentro del delito de agresión sexual, centrando su definición en la ausencia de consentimiento. Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2023 modificó los marcos penales de determinados supuestos manteniendo ese modelo. No obstante, todavía pueden existir procedimientos y resoluciones judiciales referidos a delitos de abuso sexual cuando los hechos se produjeron bajo legislaciones anteriores.
El Código Penal califica como violación la agresión sexual que consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal. La pena dependerá, entre otras cuestiones, de si concurren violencia, intimidación, anulación de la voluntad u otras circunstancias agravantes.
Las comunicaciones previas o posteriores pueden ser relevantes, pero su significado dependerá siempre de su contenido y del contexto en el que se produjeron. Deben conservarse íntegramente y analizarse junto con el resto de las pruebas. Un mensaje aislado no debe interpretarse fuera de contexto ni permite por sí solo anticipar el resultado de un procedimiento.
La inexistencia de lesiones, pruebas biológicas u otras evidencias físicas no determina por sí sola que deba archivarse un procedimiento o producirse una absolución. Del mismo modo, la existencia de determinados indicios físicos tampoco determina automáticamente la responsabilidad penal. El tribunal debe valorar conjuntamente todas las pruebas practicadas. La jurisprudencia admite que, en determinadas circunstancias, la declaración de la víctima pueda constituir prueba de cargo suficiente.
Sí. Defendemos a personas investigadas o acusadas y asesoramos a víctimas en procedimientos relacionados con violencia de género, agresión sexual, abuso, violación y otros delitos contra la libertad sexual. Te acompañamos y protegemos tus derechos durante todas las fases del procedimiento penal.
Ofrecemos asesoramiento y defensa penal en delitos contra la libertad sexual
en toda España, tanto para personas investigadas o acusadas como para víctimas.
Aviso legal: La información contenida en esta página tiene carácter exclusivamente informativo y divulgativo y no constituye ni sustituye el asesoramiento jurídico individualizado. La calificación jurídica de unos hechos, las penas aplicables y las consecuencias de un procedimiento penal dependen de las circunstancias concretas de cada caso, de la fecha de comisión de los hechos, de la legislación aplicable, de las pruebas practicadas y de la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. La normativa y la jurisprudencia pueden ser objeto de modificaciones o nuevas interpretaciones.
Para valorar un caso concreto debe consultarse la legislación vigente y solicitar asesoramiento profesional adecuado.
